DUQUE EN SU LABERINTO: BALANCE DE SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN

Con la instalación de la nueva legislatura en Colombia para el periodo 2019-2020, vale la pena echar un vistazo a la gestión del Presidente de la República a un año de su elección presidencial.

I. Antecedentes.

Para las elecciones presidenciales de 2018 se presentaron una variedad de personalidades políticas para participar de la contienda electoral; y como en el año 2010 con la aparición de la Ola Verde se habría nuevamente un debate electoral, desde las masas, pero esta vez entre más uribismo o cambio. Abiertamente, fue una lucha frontal entre derechas e izquierdas por el poder del Estado y la primera vez en toda la historia política que un candidato del espectro de la izquierda se perfilaba como el próximo Presidente de Colombia.

Entre pre candidatos y candidatos oficiales se barajaba el partidor presidencial que alcanzó un máximo de 20 aspirantes para suceder a Juan Manuel Santos: desde liberales hasta conservadores y la izquierda política que resultó ser la protagonista de la historia. E implícitamente, la participación política del ya movimiento FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) con Rodrigo Londoño Echeverry alías “Timochenko” como espurio candidato presidencial. 

Y la cereza que faltaba para adornar el sonajero electoral: la sorpresiva decisión de la derecha política en lanzar varios nombres o pre candidatos como refundación del uribismo -tal como está ocurriendo-, integrándose al entonces Senador Iván Duque Márquez del partido Centro Democrático, al cavernario político ultraconservador Alejandro Ordóñez Maldonado y a la actual Vicepresidente de la República Martha Lucía Ramírez. 

Pero de 20 aspirantes o precandidatos, resultaron 5 candidatos a saber: El Jefe Negociador del Gobierno Nacional con las FARC-EP Humberto de La Calle Lombana por el impertérrito Partido Liberal; el cuestionado Ex Vicepresidente Germán Vargas Lleras (en teoría, el candidato de Santos pero lanzado por su propio partido el derechista Cambio Radical); Sergio Fajardo, célebre coequipero de Antanas Mockus en la campaña Ola Verde de 2010 pero avalado por “Coalición Colombia” surgida entre el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) por la declinación de Jorge Enrique Robledo como candidato por ese partido, el centroizquierdista Alianza Verde y el movimiento político del entonces candidato Fajardo, tal vez de centro, Compromiso Ciudadano. Y los dos contrincantes con más opción para hacerse consignatario del título de Jefe de Estado: Gustavo Petro Urrego por el movimiento de izquierda Colombia Humana e Iván Duque Márquez por el caudillista Centro Democrático. 

II. Elecciones primarias. 

La derecha y la izquierda política por medio de la consulta popular definían a su candidato principal en representación de cada espectro y partido político en las pasadas elecciones presidenciales. 

Así las cosas, la Gran Consulta por Colombia con Ordóñez y Ramírez como pre candidatos, definió al candidato oficial de la derecha política cuyo ganador fue Iván Duque con 4.038.101 votos (67.74%) mientras la Consulta Interpartidista por el Cambio en escogencia del candidato por el ala de la izquierda entre Carlos Caicedo y Gustavo Petro dio como vencedor de la jornada al segundo con un total de 2'848.331 votos (84,69%). 

Sin embargo, de no haber salido victorioso el candidato Duque por la consulta impulsada por la derecha política, Colombia hubiese podido visualizar una disputa electoral entre los candidatos Gustavo Petro y el también opcionado para llegar al Palacio de Nariño Germán Vargas Lleras.

III. Elecciones presidenciales.

En la segunda vuelta presidencial de 2018, celebrada el 17 de Junio, con 10’373.080 votos (53,98%), saldría vencedor de la contienda el joven e impuesto Presidente Duque junto con su fórmula vicepresidencial, la conservadora doctrinaria Martha Lucía Ramírez; en cambio, su rival de patio, el candidato de la izquierda Gustavo Petro Urrego, obtendría 8'034.189 votos (41,81%) para conformarse con un asiento en el Senado de la República junto con la Lista de la Decencia pues, cabe recordar que el Acto Legislativo 02 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” (2015) producido durante el segundo mandato de Santos exterioriza en uno de los apartados del articulado primero que:

"...El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente corporación...". (Acto Legislativo 02, 2015).

Del reiterativo “Castro-Chavismo” o “segunda Venezuela” al considerarse desde la derecha política que los postulados de la campaña contrincante solventarían una base programática para instalar en Colombia el tan desquebrajado “Socialismo del Siglo XXI”, saldría vencedor de las presidenciales el tan mediático candidato de Uribe Iván Duque toda vez que, una amalgama de ciudadanos irrestrictos, llegarían al extremo de retroceder el oscuro pasado que tanto embruja al país y apoyar el tan grandilocuente “¡El Que Diga Uribe!”.

Fue más el ansia de continuismo que un cambio incluyente y de paz, es decir, una conjunción entre Nación y era de paz propuesta por la campaña izquierdista al mando de la Colombia Humana del aspirante Petro; en otro sentido, mientras perturbablemente la ciudadanía se iba por el camino de la desinformación y la campaña negra (en evocación del deplorable panorama de la situación sociopolítica del país vecino de Venezuela), la elección de Duque significaba debilitar, de tajo, los Acuerdos de Paz alcanzados con las FARC-EP durante el Gobierno de Santos; acarrear una severa violencia al no concretarse, -como en la pasada Administración-, una mesa de diálogos con la también guerrilla del ELN o, en su defecto, devolverle el poder ansioso a quién lo puso en su actual puesto: Álvaro Uribe.

IV. Gobierno Duque.

Iván Duque hasta hace poco figuraba como uno de esos colombianos del común: desconocido y de a pie; bueno, basta recordar que el ex integrante del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) viene de una familia de estirpes y que, bien como ha venido retratándose en la nueva historia, llegó a la política de la mano de su más eterno Presidente como ningún otro: Álvaro Uribe.

En atentado a su voluntad personal (porque nunca imaginó ser Presidente), sería el ungido por una secta política macabra como lo es hoy su partido político el gobiernista Centro Democrático, en cabeza de su mentor político, para ostentar un cargo que, hasta el momento, le ha quedado grande; el de Senador, vaya y venga. Pero manejar un Estado por interpuesta persona no tiene sentido.   

Recibiendo el aval de todos los partidos de centroderecha y derecha, en especial el del Partido Conservador, comenzó a configurarse la tan criticada mermelada de Santos en búsqueda de asignación de puestos para quienes lo apoyaron; el Partido Liberal quedó absolutamente dividido por la decisión del ex presidente César Gaviria en otorgar junto con otros miembros de esa colectividad un apoyo determinante para el candidato Duque en segunda vuelta y el desacierto, ya posesionado como mandatario de los colombianos, de asignar como miembros de su gabinete ministerial al discutido Alberto Carrasquilla en la cartera de Hacienda y Crédito Público; al comerciante y portavoz de su campaña política, desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero en la cartera de Defensa y a la controvertida política Nancy Patricia Gutiérrez en la cartera del Interior.

Con un año en el poder, no solo se ha convertido en el hazmerreír de varios sectores de la oposición política con el muy buen rótulo de subpresidente sino, a su vez, el mandadero de quien lo puso desde el mediático “El que diga Uribe” con tareas como las (mal) objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -hundidas en su totalidad por la Corte Constitucional- o la promoción de una inocua reforma a la justicia que con seguridad busca la supresión de las cortes a conversión en una denominada “super corte” o la limitación, tal como se entendió en la pasada campaña presidencial, de la acción de tutela consagrada en el Art. 86 de la Constitución Política.     

Y si de tropiezos se trata, por cierto bien sabidos, son más que los aciertos implorantes por su electorado a menos que deseen una dictadura con todas estas versiones de constituyente o referendo en derogación de la JEP y hasta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por aquello del caso “Santrich” (en acopio de un “fujimorazo” como el promovido por el propio presidente Fujimori en el Perú), pero esta vez desde la consulta popular para, no solo inhibir las cortes sino buscar, de contera, la inmunidad judicial y pronto retorno del hoy Senador Uribe al poder que tanto anhela.

Su primer año de Gobierno ha sido característico por reinstalar los “Consejos Comunitarios” del octenio de Uribe pero desde la perspectiva del taller democrático “Construyendo País” y al igual que en el Gobierno Santos, se vio enfrentado a un voraz Paro Nacional Estudiantil que suplica la asignación de recursos para la Universidad Pública.

Particular, también, la desproporcionada Reforma Tributaria rotulada como “Ley de Financiamiento” para cubrir, según el nuevo Gobierno, "el hueco fiscal" heredado de la saliente Administración Santos: desde el IVA a algunos productos de la canasta familiar hasta el aumento en algunos servicios públicos, se busca un recaudo de 7.5 billones de pesos “para restablecer el equilibrio del Presupuesto General de la Nación y cumplir con la meta de déficit fiscal para 2019” (Dinero, 2019). Dicha reforma fue maquillada con el raquítico incremento del 6% al salario mínimo cuya tasa real se totaliza en un valor de $826.116 puesto que, “el aumento será entonces de $46.874, según lo acordado entre las centrales obreras y los empresarios” (EL PAIS, 2018).         

Su Administración convalidó el Referendo Anticorrupción decretado por el Gobierno anterior y liderado para ese entonces por reconocidos líderes de la centroizquierda política como las excéntricas parlamentarias Claudia López y Angélica Lozano pertenecientes al Partido Alianza Verde y Jorge Robledo actual Parlamentario por el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA); y aunque el actual mandatario pertenece a un partido reacio con el tema de la corrupción en Colombia apoyaría la iniciativa consumada el 26 de Agosto de 2018 luego que, su lineamiento primario de campaña, concurrió con la “lucha contra la corrupción” pero entendiéndose como un desmarque sobre lo apático para el Jefe natural de su partido político.    

Basada en 7 preguntas, cada una necesitaba un umbral de 12.000.000 millones de votos pero ninguna alcanzó la cifra: 11 millones y medio fue el tope para cada una de las estipulaciones expuestas a continuación:

Reducir salario de congresistas y altos funcionarios; 2. Corruptos no podrán volver a contratar con el Estado; 3. Contratación con pliegos más transparentes; 4. Audiencias públicas para conocer el gasto de entidades; 5. Congresista, a rendir cuentas por cómo vota y asistencia; 6. Quitarles los bienes a políticos corruptos y a sus testaferros y 6. Máximo tres periodos en corporaciones públicas (EL TIEMPO, 2018).

No alcanzada la cifra para cada una de las proposiciones, los promotores de la iniciativa se irían por el camino de la vía legislativa como única opción para salvar y, de paso, aprobarse, desde el mecanismo del debate legislativo, los 7 puntos del por poco triunfal Referendo Anticorrupción.

Seguido de estos primeros actos gubernamentales, se suma una profunda crisis diplomática con el país vecino de Venezuela, hasta se escuchan voces de guerra y el desproporcionado asentamiento de ciudadanos venezolanos en territorio nacional producto de la deplorable situación a la que ha sometido a esa Nación el inexorable régimen al mando del ya considerado dictador Nicolás Maduro.

A nivel nacional, desde el temario de la paz, a tenor del asesinato de varios líderes sociales en territorio nacional y el desequilibrio institucional relativo a los Acuerdos de Paz concretados en La Habana (Cuba), el Gobierno reitera en descartar cualquier tipo de negociación con la guerrilla radical del ELN al ser los perpetradores del sanguinario atentado terrorista sobrevenido el 17 de Enero de este año en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander - Sede Bogotá y cuyo saldo fueron 21 muertos y 87 heridos.  

Suscrito como el gobierno del “neouribismo”, tendrá que hacer grandes esfuerzos en salir de un laberinto que por ahora no tiene salida y demostrar que “en el centro está el futuro” luego, por ahora, se pretende continuar con el siempre activado modelo neoliberal y en llevar a cuestas un aspaviento sin precedentes concordante a una violencia social generalizada o un golpe internacional con la batuta del Grupo de Lima contra Maduro.

Coletilla. El hoy Presidente Iván Duque, conocedor por excelencia junto con el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga (2014), del tan sonado caso de la corruptora Odebrecht por las publicidades para la campaña “uribe-zuluaguista” de hace 5 años, vendría a aparecer como el candidato útil del hoy caudillo. Y ganó.