DURA LEX, SED LEX

Una vez conocida la tan mediática decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia respecto a la medida de aseguramiento bajo arresto domiciliario proferida contra el ahora ex senador Álvaro Uribe Vélez como “presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal” tal como se hace constar en el tweet emitido por el presidente de la Sala Especial de Instrucción Héctor Javier Alarcón Granobles, medio país celebró… ¡Urra! Y, la otra mitad, no. Al contrario: convocarán, en los próximos días, a una asonada colérica, bajo el modelo de protesta, por la decisión unánime (a mi juicio, en derecho), adoptada por los magistrados integrantes de dicha Sala adscrita a la Corte. Asonada obviamente ceñida al lineamiento estúpido del semejante hazmerreír hoy embajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos Calderón cuando alguna vez expresó algo así como “…Si a Uribe le tocan un pelo, ¡este país (Colombia) se incendia!…”. 

Por lo anterior, habría que contestarle al Señor Santos que así será; que, de ello no tenga duda puesto que, parte de la sociedad colombiana apoya, sin vista, a quien fuese su jefe cuando él fungió como vicepresidente en el octenio del oscurantismo. Hasta, en forma de interrogante, prorrumpirle: ¿puede creer que venían escuchándose trompetas anunciando la mala nueva (no buena) de una efímera reforma constitucional con el auspicio totalitario del saltimbanqui Iván Duque para salvarle el pellejo a un personaje cuya vida pública que usted conoce a la perfección es cruenta?

Ese es, entonces, el “estilacho” propio de los fanáticos súbditos de a pie y los mismísimos politiqueros del montón, -vociferantes-, del Centro Democrático quienes incitan más no convocan pacíficamente y se hacen inmolar por su caudillo supra popular para justificarle sus canalladas. No más basta con echarle un vistazo a dos de los cien mil serviles eternos rendidos al “mesías” ambos involucrados en el mismo caso por el que se está investigando en la actualidad a Álvaro Uribe: el fabulosísimo sobornador -también, bajo arresto domiciliario- Cadena ¡vaya cosa, defensor del mismo Uribe!, y el dizque “Señor parlamentario” Prada Artunduaga.

Pero habrá que hacer algunas acotaciones sobre este caso histórico para Colombia recordando que es la primera vez que a un expresidente se le aplica una medida cautelar de este tipo. Si, porque no es posible tanta desinformación y mal información alrededor de este tema o que la democracia siga cayendo en las trampas manifiestas producto de las elucubraciones y la propaganda negra que viene recayendo con permanencia sobre este proceso; sobre la Corte; sobre la oposición política y, por supuesto, sobre lo pactado en el Acuerdo de Paz de La Habana y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por cierto caballitos de batalla del ya herido círculo uribista.

Lo primero que hay que decir es que la Corte Suprema de Justicia de acuerdo al Art. 234 de la Carta Política de 1991: “…es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria…” y, a la postre, de acuerdo al acápite de sus atribuciones consagradas en el Art. 235 de dicha carta, el numeral tres reza: “…Investigar y juzgar a los miembros del Congreso…”. Así las cosas, es competente para investigar y continuar con la pesquisa correspondiente contra el ahora ex senador Álvaro Uribe Vélez como “presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal” así como también será de su competencia emitir un fallo absolutorio en caso de hallarse inocente o condenatorio si lo haya culpable de los delitos que se le imputan. Inclusive, en el transcurso de la investigación, puede archivarla de no hallarse material probatorio suficiente que sustente las acusaciones contra el ahora sindicado Uribe Vélez.

Claro está que no tendría ningún sentido su archivo o una futura apelación -si hay lugar a ella- por parte de la defensa de Uribe sobre la decisión emitida por la Sala de Instrucción de la Corte sino para que se hizo efectiva la medida de aseguramiento al no ser que se trate de un “intríngulis jurídico” o algo así por el estilo. Bueno, también es cierto que, en este país, bien como anotaría Antanas Mockus en su campaña presidencial de 2010, “todo vale”, mejor dicho, cualquier cosa, de forma repentina, puede suceder.

El otro aspecto es que a Uribe se le investiga no por sus nexos con el narcotráfico o el paramilitarismo ni por crímenes de lesa humanidad o genocidio como los falsos positivos acaecidos en su gobierno (delitos éstos por los cuales también podría ser juzgado a futuro), sino por unos hechos que datan del año 2012 cuando éste demandó por una supuesta manipulación de testigos a su contrincante, el senador de izquierda, Iván Cepeda -entre otras cosas, protagonista de esta reyerta por ahora bien ganada-. Pero, a juicio de la Corte, quién estaría manipulando a los testigos para que cambiaran sus versiones sería el mismo Uribe por lo que, en febrero de 2018, dictó un auto inhibitorio en favor del parlamentario polista y terminó compulsando copias para abrir investigación formal al entonces senador Uribe.

Conocida la decisión aprobada por la Sala de Instrucción de ordenar la detención preventiva domiciliaria del senador Álvaro Uribe Vélez, salieron las voces más atroces del partido de gobierno a rebuznar con el objetivo de siempre: desestabilizar la democracia. Por ejemplo: “que se trataba de un complot de la izquierda política en conjunto con los magistrados para encarcelar al presidente Uribe”; “que, el principal objetivo de los acuerdos de paz era el encarcelamiento del presidente Uribe”; “que, como es posible que criminales de lesa humanidad como los hoy parlamentarios de las FARC no hayan pagado un solo día de cárcel y, en cambio, a “quién dio todo por esta patria herida” le dicten tan desproporcionada medida”; “que, habrá que convocar a una reserva activa para defender al presidente Uribe”; “que, hay que acabar la JEP y unificar las cortes mediante una reforma constitucional para salvar al más grande líder político que haya parido esta Nación”; etcétera.

Todo un rapapolvo explosivo que solo lleva a la desgracia, a la barbarie, a la confusión de la opinión pública y a la siempre presente polarización política que en absolutamente nada beneficia a Colombia.

Señores uribistas: no hay ningún complot; complot, ese sí, el orquestado por la presidencia en tiempos de la inexorable Política de Seguridad Democrática (PSD) en contubernio con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para espiar y, si era el caso, neutralizar a miembros de la oposición política de ese entonces -en su mayoría, de izquierda-; magistrados de la época pertenecientes a la misma Corte Suprema que hoy investiga a Uribe; periodistas alternativos o de investigación; defensores de derechos humanos y activistas de paz.

Que, el único objetivo del acuerdo de paz que ustedes pretenden modificar a diestra y siniestra es la paz para Colombia la que, por cierto, ustedes, al mando de Uribe, no quieren.

Que, es de recordarles, que miembros de la extinta guerrilla de las FARC se han sometido a la JEP en confesión de sus actos como un acto de verdad y que, de sus testimonios, se desprenderá la imposición de las penas conforme a lo que disponga ese alto tribunal (tribunal que, entre otras cosas, no tiene competencia en el caso de Uribe).

Eso de la reserva activa, por favor, déjenlo a un lado porque lo que verdaderamente necesita la Nación no es matarse por un caudillo sino un pacto histórico que reúna los requerimientos que, a futuro, demande la democracia para instar a un cambio social urgente.

Y, no se trata, de unificar las cortes mediante una ya espuria propuesta de reforma constitucional o acabar la JEP pues, invocar una “super corte” es como desfigurar el espíritu de la rama judicial como órgano del poder público y acabar la JEP sería, de tajo, eliminar, también, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), creado por el Acuerdo de Paz que tantos dolores de cabeza les causa. Antes, la Jurisdicción Especial de Paz podría ser un espacio para que Uribe se acoja a ella en confesión de la verdad por tratarse de un sujeto inmerso en el crimen organizado.

Se trata de respetar las decisiones judiciales adoptadas en derecho y de acuerdo a la ley; se trata de un episodio que no es de alegrarse ni mucho menos es una victoria para los "terroristas siete suelas" como tildan los uribistas a quienes pensamos distinto; se trata que así como el investigado tendrá todas las garantías para defenderse de acuerdo a lo preceptuado en el Art. 29 de la Constitución, también se le exige el acatamiento de la decisión con el debido respeto porque, bien como acotó el senador Cepeda: “...nadie, por más poderoso que sea, está por encima de la ley...”. Y fue el turno para un poderoso que parecía intocable, pero “dura lex, sed lex”, es decir, “la ley es dura, pero es ley”.

Falta que Uribe invoque la tan celebre como cínica frase del expresidente Alfonso López Michelsen: “…Si soy responsable, no me doy cuenta...”.

Coletilla 1. Al señor sub presidente Duque habrá que decirle que tiene todo el derecho de ejercer su libertad de expresión, pero una cosa es ser sub presidente de la República y otra un ciudadano en ejercicio por lo que, al emitir un concepto sobre este tema, objeto de la presente opinión, debe ser con suma objetividad y, sobre todo, respetando la decisión de la Corte así se encuentre herido de muerte.

Coletilla 2. Al sobornador Diego Cadena le dictaron medida de aseguramiento bajo arresto domiciliario por los mismos hechos que es investigado su cliente, Álvaro Uribe. Y, ahora, ¿quién podrá defenderlos?

Coletilla 3. De hallarse culpable, Uribe podría enfrentar una pena de hasta 8 años por los delitos que se le imputan.